Barómetro político

El gobierno de Yucatán podrá adeudarse hasta por 2 mil 900 MDP ante una situación de crisis

Mérida, Yucatán, a 24 de marzo de 2020.- El gobierno de Yucatán podrá endeudarse hasta por 2 mil 900 millones de pesos, ante una contingencia y las autoridades evalúan las condiciones para establecer mecanismos y condiciones de este empréstito que será necesario para atender a grupos vulnerables, como pescadores, artesanos, agricultores y pequeñas empresas afectadas por el Covid 19

Alberto Abraham Xacur, presidente de Canacintra Yucatán, señaló que esta eventualidad tendrá que ser superada con un crédito para atender de decenas de personas que están siendo afectadas por esta contingencia sanitaria. Expuso que el sector empresarial ha solicitado la posibilidad de cancelación o postergación del pago del 2 por ciento de nómina, que representa un monto de captación estimado de 750 millones de pesos para el erario estatal.  

Además, la posibilidad de detener multas y auditorías para las empresas hasta que se termine la contingencia sanitaria y se reactive el proceso económico. Señaló que las decisiones que ha tomado la autoridad estatal son adecuadas y preventivas y se espera aun mas sacrificios, pero que permitirá reducir la posibilidad de contagios entre la población de este virus.

Recalcó que la iniciativa privada no le ha pedido al gobierno que solicite un crédito; sin embargo, está claro que requerirá fondos para atender las condiciones de muchas personas que están pasando por momentos realmente críticos por este momento económico que ha obligado al cierre temporal de empresas y anulación de sectores económicos tan importantes.

Abraham Xacur ofreció una rueda de prensa en Canacintra, ante medios de comunicación que tomaron las medidas necesarias para mantener la distancia y posibles condiciones de contagio del Covid 19.

En una primera intervención, el empresario leyó un posicionamiento del sector empresarial por la evaluación realizada en Mexicali, Baja California con una empresa cervecera, que ha ocasionado críticas y comentarios muy fuertes por parte de líderes empresariales, ante la posible cancelación de esta inversión de capital estadounidense.  

Desde la lectura empresarial, la postura del gobierno de dar crédito a una evaluación ilegal, con un mínimo de personas y sin un orden oficial establecido viola gravemente las condiciones de certeza jurídica que, el sector empresarial ha demandado a las autoridades federales.

Expuso que, esta determinación federal se secundar una evaluación, no vinculante y acreditar el resultado, es un duro mensaje a la confianza y la intención de inversionistas que valorar invertir en el país. El gobierno federal viola las garantías de la libre empresa, acuerdos del TMEC y envía una señalar de falta de credibilidad y capacidad política al solventar la cancelación de una empresa que ha logrado todos los permisos correspondientes e invierte mil 400 millones de dólares, expuso.

Con esta posible cancelación, que no es definitiva, porque la empresa puede ir a tribunales y puede ganar, porque tiene todas las posibilidades de sostener legalmente su capacidad de inversión, el gobierno daña la confianza de legalidad empresarial. El estado de derecho en este país no puede estar sujeto a una medición de un grupo de personas con intereses oscuros, manifestó.

Sobre la situación local por la contingencia del Covid 19, que suma ya 23 casos positivos, el dirigente empresarial del sector de la transformación resaltó que, la meta y la petición desde la cúpula a las empresas yucatecas es de sostener la planta productiva y no despedir personal; sin embargo, para ello, es preciso que la autoridad federal y estatal respondan con estímulos y herramientas para que el micro y pequeño empresario subsistan, enfatizó.

En Yucatán, un alto porcentaje de las empresas son micro y pequeñas empresas, que ofrecen de 20 a 50 empleos por empresa y son las que más empleos aportan, recalcó. Por ello, la necesidad de que los tres niveles de gobierno respondan ante la petición de evitar cobros de impuestos, ISR; pagos de multas y sanciones, detención de auditorías y el pago en efectivo y a la brevedad de los compromisos con proveedores nacionales, apuntó.

Además, se requiere de créditos blandos para las empresas que lo demanden, así como viabilidad de reiniciar operaciones al momento que concluya la contingencia sanitaria y se pueda reactivar la economía, señaló.

Dijo que, la IP establece que la situación es crítica para el Gobierno de Yucatán, que ha anunciado medidas especiales que se anunciarán en breve para atender la situación económica de las empresas y con ello, generar la oportunidad a atender la demanda social.

Las empresas yucatecas se han comprometido a defender las plazas laborales de sus colaboradores y el sector comercial cuenta con el abasto suficiente para superar la situación, sin que se alcancen situaciones críticas de compras de pánico, ni sobre venta de productos e insumos de primera necesidad para la población, finalizó.

 

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