Amicus Curiae pide al Tribunal analizar amparo contra granja de Bachoco en Peto
Mérida, Yucatán, a 25 de junio de 2026.— Organizaciones de derechos humanos y ambientales presentaron un Amicus Curiae ante el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito para aportar argumentos jurídicos en el caso relacionado con la granja avícola “Akutzá” de Bachoco, ubicada en Peto, Yucatán.
El documento fue presentado dentro del recurso de revisión 47/2025, derivado del amparo promovido por ejidos del Sistema Lagunar de Chichankanab, quienes buscan que el Poder Judicial analice de fondo sus argumentos sobre los posibles impactos ambientales del proyecto.
Las organizaciones señalaron que el Amicus Curiae incorpora criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionados con los principios de prevención y precaución ambiental, así como sobre la carga de la prueba cuando existen riesgos de afectación al entorno.
De acuerdo con el documento, en casos ambientales no debe exigirse a las comunidades acreditar previamente los daños para poder acceder a la justicia, sino que las autoridades, empresas o responsables de proyectos con potencial impacto deben demostrar que sus actividades no representan riesgos para el ambiente, el agua o los derechos colectivos.
También destacaron las obligaciones asumidas por México mediante el Acuerdo de Escazú, vigente desde 2021, que establece mecanismos para facilitar el acceso a la justicia ambiental y la generación de pruebas en este tipo de controversias.
La presentación del documento ocurre después de que el pasado 12 de junio de 2026 el Tribunal Colegiado aplazó la discusión del proyecto de sentencia que planteaba confirmar la negativa y el sobreseimiento del amparo promovido por los ejidos del Sistema Lagunar de Chichankanab.
Ante ello, las organizaciones advirtieron que mantener el cierre del caso sin revisar el fondo podría representar un retroceso para la justicia ambiental, al imponer cargas probatorias que consideran desproporcionadas para las comunidades que buscan defender el territorio y los recursos naturales.
Asimismo, señalaron que una resolución contraria a los estándares nacionales e internacionales en materia ambiental y de derechos humanos podría generar responsabilidad internacional para México.
El caso cobra relevancia por su relación con el Sistema Lagunar de Chichankanab y por el desarrollo de proyectos agroindustriales en la Península de Yucatán, una región con alta vulnerabilidad hídrica debido a las características kársticas de su suelo.
Las organizaciones solicitaron al Tribunal Colegiado reconocer el interés legítimo de los ejidos y resolver el asunto bajo los principios de prevención, precaución e in dubio pro natura.
