Comunidades mayas llevarán ante Tribunal de Disciplina a jueza por caso de tierras en Ixil

Mérida, Yucatán, a 5 de julio de 2026.— Representantes del Consejo Comunitario de Ixil y el director de Fundación Yansa A.C., Sergio Oceransky, anunciaron que promoverán acciones ante el Tribunal de Disciplina Judicial para denunciar el actuar de la jueza Suemy del Rosario Lizama Sánchez, a quien acusan de incurrir en irregularidades y violaciones al debido proceso en el litigio por tierras comunales de esa localidad.

Durante una conferencia de prensa en Mérida, los representantes de la comunidad afirmaron que la resolución judicial ha favorecido la versión presentada por integrantes de las familias Abimerhi y Millet, quienes promovieron una denuncia por presunto despojo, mientras que —aseguraron— fueron ignoradas las pruebas aportadas por la comunidad para acreditar la posesión histórica de los terrenos.

Emanuel Chan, integrante del Consejo Comunitario de Ixil, sostuvo que las tierras en disputa son de uso común y han sido trabajadas por generaciones de familias mayas mediante acuerdos tomados en asamblea comunitaria. Rechazó que los denunciantes hubieran mantenido la posesión pacífica del predio, como se afirma en la carpeta de investigación.

También acusó a la Fiscalía de desestimar la documentación presentada por la comunidad y criticó que la jueza negara el carácter de comunidad indígena de Ixil por no contar, en ese momento, con un reconocimiento formal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), decisión que calificó como contraria a los derechos de los pueblos originarios.

Los representantes comunitarios adelantaron que la queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial buscará que se investigue y, en su caso, se sancione a la juzgadora por las presuntas irregularidades cometidas durante el proceso.

En la misma conferencia, la comunidad cuestionó la cobertura de algunos medios de comunicación, al considerar que han contribuido a criminalizar su movimiento, y señaló la existencia de un presunto conflicto de interés por la cercanía de uno de los denunciantes con familiares del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, situación que, afirmaron, ha influido en el despliegue de operativos policiacos en la zona.

Por otra parte, Peregrina Cutz informó que la comunidad obtuvo una sentencia favorable en un juicio de amparo relacionado con el desarrollo inmobiliario Cedrón. El fallo ordena a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) emitir un nuevo resolutivo sobre una denuncia ambiental y permitir a los promoventes acceder al expediente de inspección, al considerar que la negativa de información vulneró derechos reconocidos en el Acuerdo de Escazú.

A su vez, Sergio Oceransky, también vinculado a proceso en el mismo caso, informó que mantiene un amparo indirecto contra su vinculación y que impugnó la decisión judicial que le impuso el uso de un dispositivo de localización electrónica como medida cautelar.

El activista sostuvo que la determinación se basó en información falsa presentada durante una audiencia y anunció que también denunciará a la jueza ante el Tribunal de Disciplina Judicial, al considerar que el caso refleja un uso indebido del sistema de justicia para inhibir la defensa del territorio, el medio ambiente y los derechos colectivos.

Finalmente, expresó preocupación por su seguridad al señalar que el monitoreo permanente mediante el dispositivo coincide, dijo, con campañas de desprestigio en su contra relacionadas con el conflicto por las tierras de Ixil.