El gobierno estatal maquilla cifras para no perder rangos de seguridad

El gobierno estatal oculta información para no perder indicadores de seguridad que lo colocan en los primeros lugares de seguridad en el país, como son los casos de feminicidio, tortura, teniendo una Comisión Estatal de Derechos Humanos convenenciera, afirmó el diputado David Barrera Zavala.

Al publicarse este día la nueva Ley Federal contra la Tortura, el legislador yucateco señaló que Yucatán tendrá que analizar esta nueva ley y homologarla para que se pueda aplicar, estableciendo como válida el aumento a las penas por agresiones y casos de tortura en la que incurren funcionarios públicos judiciales.

Barrera Zavala señaló que uno de los problemas más graves que tiene el estado, es que la CEDH atiende casos según sus tareas políticas, muchas demandas tienen celeridad cuando al titular le conviene, otras más nunca se resuelven o no se actúa, como es el caso de los matrimonios igualitarios, los delitos de feminicidio por citar algunos.

En el caso de Yucatán, sostuvo el diputado perredista, no hay medidas preventivas, no hay seguimiento, el personal recibe capacitación, pero nadie verifica que estos empleados públicos cumplan con la ley, por ello, no hay sanciones para quienes cometen actos de tortura, agresiones, violencia contra los ciudadanos, aun y cuando estos sean infractores.

Enfatizó que muchos funcionarios públicos de la fiscalía y agentes de seguridad pública, gendarmería actúan violando flagrantemente los derechos humanos, en tanto que los ciudadanos desconocen la ley y muchas veces no pueden defenderse de los actos de agresión que sufren a manos de estos servidores públicos.

La propia tardanza en la emisión de resultados es una tortura, es un delito, porque los elementos de la fiscalía esperan que sus omisiones y demoras las personas se olviden de las demandas y pierdan interés en el seguimiento judicial sobre un hecho o un incidente.

Barrera Zavala recalcó que la nueva ley federal tendrá que ser analizada y con ello, proponer los cambios necesarios a la ley estatal, de esta forma homologar la ley estatal y atender los nuevos requerimientos de esta nueva ley expuso. (JCN)