Impulsan reforma para ampliar a un año la licencia de maternidad en México
Ciudad de México, a 27 de abril de 2026.– El diputado César Israel Damián Retes (PAN) presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de ampliar la licencia de maternidad con goce de sueldo a 52 semanas después del parto.
La propuesta contempla que seis semanas puedan tomarse antes del nacimiento, mientras que el resto correspondería al periodo posterior, con la finalidad de fortalecer la protección de las madres trabajadoras y garantizar mejores condiciones de salud y cuidado durante el primer año de vida de los menores.
El proyecto, que será analizado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, también plantea ampliar este beneficio en casos donde el recién nacido presente alguna discapacidad o requiera atención médica hospitalaria.
Asimismo, establece que en casos de adopción, las madres trabajadoras podrán acceder a un descanso de 52 semanas con goce de sueldo, contadas a partir de la entrega del menor.
La iniciativa incluye además la posibilidad de solicitar una licencia adicional de hasta 26 semanas sin goce de sueldo, con garantía de reincorporación al mismo puesto, siempre que no hayan transcurrido más de 78 semanas desde el parto.
De acuerdo con el documento, esta reforma busca armonizar las políticas laborales con las necesidades reales de las familias, fortalecer la protección de la maternidad y promover el bienestar infantil.
El legislador argumenta que el esquema actual —que contempla 12 semanas de licencia— genera una tensión con las recomendaciones de salud, como la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida.
También señala que, aunque la Constitución establece un mínimo de seis semanas antes y después del parto, no limita la posibilidad de ampliar este derecho conforme a las necesidades actuales.
La iniciativa retoma recomendaciones del Organización Internacional del Trabajo, que sugiere que este tipo de prestaciones sean financiadas mediante esquemas de seguridad social para evitar impactos directos en los empleadores y reducir la discriminación laboral.
Sin embargo, advierte que la implementación requerirá ajustes financieros y normativos, considerando que más del 55% de las mujeres ocupadas en México se encuentran en la informalidad y no cuentan con acceso a este tipo de prestaciones.
Por Cambio del Sureste.—
