Impunidad ambiental y despojo agrario marcan la defensa del territorio maya en Yucatán
Mérida, Yucatán, a 2 de marzo de 2026.— La defensa del territorio maya en Yucatán atraviesa un momento crítico. Comunidades organizadas denunciaron que, pese a la presentación de denuncias formales y recursos legales, las instituciones encargadas de proteger el medio ambiente y garantizar la justicia agraria mantienen una respuesta lenta o insuficiente frente a la deforestación, la expansión de granjas porcícolas y la privatización de tierras de uso común.
En Chablekal, pobladores reportaron que la devastación de los montes de Misnebalam continúa sin responsables identificados. A casi un año de los hechos, las quejas interpuestas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Instituto Nacional de Antropología e Historia no se han traducido en sanciones ni en la reparación del daño, pese a que se trata de una zona con valor ambiental y arqueológico.
En el ámbito agrario, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 34 aún no ha resuelto el incumplimiento de medidas que ordenaban respetar la posesión comunitaria del territorio afectado, lo que mantiene en incertidumbre a la población.
La situación se repite en el poniente del estado. En Kinchil, el colectivo Cantukún señaló que el despojo de tierras a favor de una empresa porcícola lleva más de una década sin una revisión judicial de fondo. Las y los habitantes reclaman que el tribunal se ha negado a valorar los impactos socioambientales derivados de las naves de engorda, señaladas por la comunidad como fuentes de contaminación que afectan su salud y sus medios de vida.
Para el colectivo, reducir el conflicto a un problema de propiedad invisibiliza los daños ambientales y los derechos colectivos vulnerados.
Otro frente de disputa se abrió con la Norma Técnica Ambiental que regula la operación de granjas porcícolas en Yucatán, emitida en 2022 durante el gobierno de Mauricio Vila Dosal. Comunidades de Chapab y Kinchil impugnaron la norma por haberse aprobado sin consulta previa a los pueblos indígenas y por no obligar a las empresas a dialogar con las comunidades antes de instalarse en su territorio. Tras el rechazo inicial de un amparo, el caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y turnado a la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, quien deberá analizar si el gobierno estatal vulneró el derecho a la consulta y si la regulación debe modificarse para incorporar este principio.
En Ixil, comuneros lograron destrabar un proceso judicial que permanecía paralizado por más de dos años. El juicio impugna un acta de asamblea que permitió el cambio de destino de más de cinco mil hectáreas de tierras comunales. La apertura del proceso fue posible luego de que el tribunal declarara en rebeldía al comisariado ejidal por ausencias reiteradas y la presentación de documentos presuntamente falsos, hechos que ya son investigados por instancias federales.
Las y los comuneros acusaron además que la Fundación Yansa, encabezada por Sergio Oceransky Losana, ha acompañado al comisariado en acciones que han retrasado el juicio, lo que, sostienen, favorece a intereses inmobiliarios que buscan apropiarse de tierras de uso común en la región.
Para las comunidades mayas, estos casos reflejan un patrón: la falta de actuación efectiva del Estado frente a la destrucción ambiental y el despojo territorial. Por ello, exigieron investigaciones reales por la deforestación, que los tribunales incorporen el análisis de impactos socioambientales en los conflictos agrarios, que se garantice la consulta previa a los pueblos indígenas y que se detenga la criminalización y la difamación contra quienes defienden el territorio.
La disputa, advierten, no es solo legal: es una lucha por la continuidad de su vida comunitaria y por el derecho a decidir sobre el futuro de sus tierras.
Por Cambio del Sureste.—
