Mayas se rebelan contra la minería en Yucatán y protestan frente al Palacio de Gobierno

Habitantes de Xcucul Sur, Tebec, Hotzuc, Yaxcopoil, San José Tzal, Ticimul, Noc-ac, Cheuman, Petecbiltun y Texán Cámara anunciaron la conformación de una Red de Pueblos contra la Minería, con el objetivo de articular acciones legales y organizativas frente a lo que califican como una emergencia socioambiental.

De acuerdo con cifras presentadas durante la protesta, entre 2018 y 2025 se han autorizado más de 60 bancos de material pétreo en Yucatán, 10 de ellos en el municipio de Umán. En los tres estados de la península la cifra asciende a 326. Las comunidades sostienen que la expansión de estos proyectos responde a una lógica regional vinculada al crecimiento inmobiliario y a obras de infraestructura.

En un posicionamiento público, señalaron que ninguno de los proyectos ha sido sometido a un proceso de consulta conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas. “No cuentan con nuestro consentimiento. Y el consentimiento no es un trámite, es un derecho que el Estado está obligado a respetar”, expresaron.

Las afectaciones descritas incluyen detonaciones frecuentes que, aseguran, han provocado fisuras en viviendas y afectaciones emocionales en niñas y niños; polvo suspendido con impactos en la salud; incremento del tránsito pesado en caminos comunitarios; pérdida de cobertura forestal y daños a patrimonio arqueológico, como el denunciado en Yaxcopoil.

En el ámbito jurídico, informaron que en Tebec se interpusieron denuncias ante Profepa y Semarnat; en Xcucul Sur existen procedimientos ante Profepa y la Secretaría de Desarrollo Sustentable, además de una revisión de amparo en curso; mientras que en el caso del banco de materiales en San José Tzal se promovió un amparo. No obstante, acusaron falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades.

Durante la concentración, Jorge Fernández Mendiburu, integrante de la agrupación Utsil Kuxtal, sostuvo que se trata de minería a cielo abierto con impactos acumulativos en la región. Señaló que, pese a la presentación de recursos administrativos y judiciales, “las comunidades no han obtenido respuesta del Estado”, lo que ha generado indignación ante lo que perciben como una actuación favorable a intereses empresariales.

Las comunidades exigieron el cese de nuevas autorizaciones, el reconocimiento oficial de la emergencia socioambiental y la implementación de medidas de reparación integral que incluyan atención a la salud, reparación de viviendas y restauración ambiental. También advirtieron que llevarán su defensa a instancias nacionales e internacionales si no se atienden sus demandas.

“Como pueblo maya ya hemos decidido que no queremos minería en nuestro territorio”, reiteraron.