Tres conflictos ambientales de pueblos mayas buscan llegar a la Suprema Corte
Mérida, Yucatán, a 17 de junio de 2026.— Comunidades mayas de Yucatán y Campeche solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer tres casos relacionados con la defensa del territorio, el agua y la biodiversidad, al considerar que los procesos legales en curso no han logrado una resolución definitiva.
Los expedientes están relacionados con una granja porcícola en Homún, Yucatán; el reconocimiento del Anillo de Cenotes como sujeto de derechos; y la protección de las abejas en Hopelchén, Campeche, frente a las afectaciones que las comunidades atribuyen a actividades agroindustriales.
En Homún, habitantes mantienen desde 2017 una batalla legal contra una granja porcícola ubicada en una zona de importancia ambiental por su conexión con el sistema de cenotes y el acuífero de la región.
La comunidad obtuvo un amparo que permitió detener las operaciones del proyecto y retirar los animales del sitio; sin embargo, pobladores señalan que la resolución aún no es definitiva y que existe la posibilidad de que la empresa continúe con acciones legales para intentar reactivar la actividad.
Maribel Ek, representante de la comunidad de Homún, explicó que buscan una sentencia que les otorgue certeza y evite que el territorio vuelva a estar expuesto a proyectos que consideren de riesgo ambiental.
El segundo caso plantea que el Anillo de Cenotes sea reconocido como sujeto de derechos, con una figura jurídica que permita fortalecer su protección como ecosistema.
Lourdes Medina, abogada del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, señaló que una eventual atracción por parte de la SCJN representaría una oportunidad para establecer un precedente sobre la protección de la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas.
El tercer expediente proviene de Hopelchén, Campeche, donde comunidades mayas buscan el reconocimiento de las abejas como sujetos de derecho ante los impactos que, aseguran, han provocado los monocultivos, el uso de agroquímicos, los organismos genéticamente modificados y la deforestación.
Las comunidades han señalado que la defensa de las abejas también representa la protección de una relación histórica, cultural y económica con estos polinizadores, fundamentales para la vida y las prácticas tradicionales mayas.
Aunque en este proceso se obtuvo un amparo relacionado con el uso de agroquímicos, habitantes consideran que la medida no es suficiente para garantizar la protección del entorno ni su cumplimiento.
Leydy Pech, defensora maya y guardiana de las abejas, afirmó que la situación ambiental de la península requiere acciones concretas ante lo que consideran una emergencia socioambiental.
Las organizaciones que acompañan los casos señalaron que la atracción de los expedientes por parte de la SCJN podría establecer criterios aplicables a otros pueblos indígenas del país y marcar un precedente en la defensa del territorio y los ecosistemas.
