Tribunal obliga a Mérida a justificar por qué mantiene Monumento a Los Montejo
Mérida, Yucatán, a 25 de mayo de 2026.— Un Tribunal Federal ordenó al Ayuntamiento de Mérida emitir una nueva respuesta sobre la petición para retirar el Monumento a Los Montejo, luego de concluir que la autoridad municipal no fundamentó legalmente por qué se negó a removerlo.
La resolución deriva de una solicitud presentada desde octubre de 2024 por personas mayas y racializadas de Yucatán, quienes argumentaron que el monumento representa un símbolo de racismo, violencia colonial y discriminación histórica contra el pueblo maya.
En respuesta, el Ayuntamiento señaló en marzo de 2025 que retirar la escultura “no resulta económicamente viable”, sin aportar argumentos jurídicos o técnicos que respaldaran esa postura.
Ante ello, las personas promoventes presentaron un juicio de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, bajo el expediente 540/2025.
La entonces jueza Karla Domínguez Aguilar resolvió que la autoridad municipal vulneró derechos de legalidad y seguridad jurídica al emitir una respuesta vaga y sin motivación suficiente.
El caso llegó posteriormente a un Tribunal Colegiado en materias Laboral y Administrativa, que confirmó la sentencia favorable para las personas promoventes y ratificó que el Ayuntamiento deberá emitir una nueva contestación debidamente fundada y motivada.
La resolución judicial no ordena retirar el monumento, pero sí obliga a la autoridad municipal a explicar formalmente por qué decide mantenerlo en el espacio público.
Kanan Derechos Humanos y RacismoMX, organizaciones que acompañan el caso, sostuvieron que el Monumento a Los Montejo ha sido cuestionado socialmente desde su instalación en 2010, debido a que exalta figuras relacionadas con procesos de colonización, esclavización y violencia contra comunidades indígenas en Yucatán.
Las agrupaciones recordaron además que en 2022 realizaron una encuesta en la que la mayoría de las personas participantes consideró que el monumento representa un símbolo racista que no debería permanecer en un espacio público.
Las personas promoventes insistieron en que la exigencia no busca borrar la historia, sino abrir el debate sobre qué figuras son homenajeadas desde las instituciones y qué mensaje transmite ello hacia comunidades históricamente discriminadas.
