Gaspar Quintal propone reforma para evitar que deudores alimentarios evadan responsabilidades
Mérida, Yucatán, a 7 de marzo de 2026.- El diputado local Gaspar Armando Quintal Parra presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Yucatán con el objetivo de fortalecer las sanciones contra quienes incumplen con la obligación de proporcionar pensión alimenticia a sus hijas e hijos.
La propuesta, impulsada desde el Partido Revolucionario Institucional, busca establecer mecanismos que eviten que los deudores alimentarios repitan el incumplimiento mediante pagos parciales que actualmente les permiten evadir consecuencias legales.
El legislador explicó que la reforma se basa en el principio jurídico de “Garantía de No Repetición”, que busca que la reparación del daño sea integral, es decir, que no solo se cubra el adeudo acumulado, sino que también se garantice el cumplimiento de las obligaciones futuras.
Entre los puntos principales de la iniciativa destaca que el juez pueda exigir garantías económicas o reales para asegurar el pago de las pensiones venideras. Asimismo, se plantea que la reparación del daño incluya el total de las pensiones vencidas, así como los gastos que hayan tenido que asumir los acreedores para subsistir durante el periodo de incumplimiento y los costos de asesoría jurídica necesarios para exigir el derecho.
De acuerdo con Quintal Parra, actualmente algunos deudores pagan solo una parte de lo adeudado para evitar sanciones penales y posteriormente vuelven a incumplir, situación que busca frenarse con esta reforma.
La propuesta también establece que para extinguir la acción penal, el Ministerio Público o el juez deberán comprobar que se ha cubierto la totalidad del adeudo y que la reparación del daño es completa.
El diputado señaló que la iniciativa está alineada con criterios de derechos humanos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, priorizando el interés superior de la niñez.
Con esta reforma, el legislador busca fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en Yucatán, así como generar un mecanismo preventivo que desincentive el abandono económico dentro de las familias.
