Denuncian criminalización contra comunidad maya por conflicto en zona arqueológica de Mayapán
Mérida, Yucatán, a 14 de abril de 2026.— La comunidad maya de Telchaquillo acusó al Instituto Nacional de Antropología e Historia de criminalizar la defensa de su territorio, luego de que la institución interpusiera una denuncia penal contra dos de sus integrantes por presunta obstrucción de obra pública en la zona arqueológica de Mayapán.
Los señalados son Gladis Lucero Uc Flores, integrante del Comité de Lucha Indígena de la comunidad, y el asesor Álvaro Mena Fuentes. De acuerdo con el posicionamiento, la acción legal no se limita a responsabilidades individuales, sino que forma parte de una estrategia que impacta a todo el pueblo en medio de un conflicto agrario aún en curso.
El origen de la disputa se remonta a la ocupación de Mayapán, que la comunidad asegura se ha mantenido durante más de cuatro décadas sin su consentimiento.
En diciembre de 2024, un tribunal admitió la demanda agraria promovida por Telchaquillo, lo que abrió un proceso legal para dirimir la posesión y uso del territorio.
A pesar de ello, en febrero de 2025 el INAH habría iniciado trabajos de intervención en el sitio. Según la versión comunitaria, ejidatarios informaron a los trabajadores sobre el litigio vigente, lo que derivó en la suspensión de las obras. Posteriormente, se presentó la denuncia penal por estos hechos.
La comunidad sostiene que la denuncia se interpuso en un contexto de diálogo con autoridades, lo que consideran contradictorio y evidencia una intención de presión. También denunciaron actos de racismo institucional y falta de reconocimiento a sus derechos como pueblo indígena.
En diciembre de 2025, el Tribunal Agrario número 34 otorgó medidas cautelares que impiden al INAH ejecutar acuerdos relacionados con la ocupación del sitio, lo que, a decir de la comunidad, respalda su exigencia de respeto a sus derechos territoriales.
Entre sus demandas, Telchaquillo plantea el pago de compensaciones por el uso del territorio, la participación directa en la administración de la zona arqueológica y que cualquier negociación se formalice por escrito. La comunidad reiteró que mantendrá su postura en defensa de Mayapán frente a lo que consideran un intento de judicializar su protesta.
