La pregunta es ¿harán un tren legal o ilegal?: Sauri Riancho.

Mérida, Yucatán a 13 de noviembre de 2018.- Restan 45 días para que la nueva administración federal presente un proyecto viable para el denominado Tren Transpeninsular, de lo contrario, la obra no podría obtener recursos públicos de financiamiento para 2019, dijo la diputada federal Dulce María Sauri.

La ex gobernadora de Yucatán y decana legislativa por el PRI en la actual legislatura federal, cuestionó, ¿harán un tren legal o ilegal?.

Y destacó que, hasta la presente fecha, en la que se integra el presupuesto federal no se ha inscrito ningún programa o propuesta viable para iniciar los trabajos de este proyecto, entonces, ¿harán una obra legal o ilegal?, cuestionó.

Sauri Riancho expuso que para que el gobierno federal destine recursos a una obra o proyecto, debe de ser inscrito como propuesta y se debe de incluir entre el catálogo de proyectos del gobierno federal. De esta manera podrá tener asignación de recursos y una justificación, como marca la ley. De lo contrario, no tendrá recursos, sostuvo.

La fecha límite para que se incluya una propuesta para desarrollar un proyecto, una propuesta o una alternativa para solicitar recursos para un proyecto, es el 31 de diciembre, esto es, restan 45 días para incluirlo, apuntó. 

El presupuesto federal deberá ser votado y autorizado por el legislativo federal el 15 de diciembre como fecha máxima, puntualizó.

Nuevamente preguntó, ¿de dónde sacarán recursos para esta el inicio de los proyectos?, porque, de no tener un proyecto ejecutivo, que incluye estudios, factibilidad, desarrollo programático de recursos, corrida financiera y un expediente debidamente llenado, con una justificación para la obra, no puede iniciar un proyecto y el gobierno no puede recibir recursos si no lo integra, enfatizó.

En todo caso, en 2019 se iniciará el proceso de integrar estudios y un expediente para alcanzar un proyecto ejecutivo, pero no una obra de esta naturaleza, repuso, porque estaría contraviniendo la ley, una obra sin un proyecto ejecutivo, sin estudios, sin factibilidad, sin consultas a los grupos sociales que afectará esta obra.

Sauri Riancho destacó que por ningún motivo la construcción del ferrocarril transpeninsular podrá ser una alternativa, para cancelar otras demandas que la Iniciativa Privada y el gobierno estatal han marcado como prioridad a desarrollar.

Expuso que el presupuesto federal para 2019 se está integrando en función a las exigencias de los distintos gobiernos, pero también en la medida de las prioridades que ha marcado el gobierno federal entrante. Sin embargo, estableció, las propuestas del presidente electo no deberán ser valoradas más, que las demandas de los sectores económicos y estatales, dijo.

Si el gobierno federal determina impulsar el ferrocarril transpeninsular, también deberá otorgar recursos a los proyectos como: el puerto de altura de Progreso, la integración de las Zona Económica Especial de Progreso, el desarrollo del Parque Científico y obras que deberán consolidar a partir del siguiente año, explicó.

Hay que distinguir entre las promesas de campaña y las obras prioritarias que los estados están requiriendo en función de sus necesidades y procesos de crecimiento y consolidación, argumentó.

Sauri Riancho enfatizó también que los siete legisladores federales yucatecos están buscando dar prioridad a las demandas sociales que se propone el gobierno de Yucatán. Lo que cada candidato propuso en campaña, deberá tener un tiempo y cumplimiento en su proceso de desarrollo, resaltó.

El proyecto del tren transpeninsular no tiene una asignación de recursos, porque no ha completado un desarrollo de proyecto. Es posible que en el próximo bimestre se pueda generar este proyecto, de momento no lo hay y la fecha fatal para el cumplimiento será el 31 de diciembre, de lo contrario, no se podrán iniciar los estudios y evaluaciones de este proyecto, aseveró.

Es viable que la bancada del partido de Regeneración Nacional asigne recursos para el desarrollo del proyecto, de esta manera completar un proyecto ejecutivo y que el Poder Legislativo, conozca e incluya este proyecto en el catálogo de obras del gobierno y así asignarle recursos. La ley es muy clara, subrayó.

De obtener los recursos para los primeros estudios y viabilidad de proyecto, la obra podría dar inicio en 2020, pero de momento no puede asignarse recursos por que hay responsabilidades legales que cumplir para asignar dichos recursos, “veremos si la bancada mayoritaria quiere actuar apegada a la ley”, resaltó.

La diputada federal, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, expuso que los estados de la zona sur-península merecen el mismo trato que las zonas fronterizas donde se contempla reducir el pago del IVA y el Impuestos Sobre la Renta, debido a las condiciones de desarrollo que tienen esos estados, con respecto a la competitividad de los de la zona sur-península.

Destacó que los representantes del partido Morena, no han delimitado muchas de las condiciones en las que se concretará el presupuesto, como la posible reducción al precio de las gasolinas, la desaparición del ramo 23, correspondiente a las disposiciones para proyectos en municipios y estados, que serán reasignados a otros rubros, así como mecanismo desde donde se concentrará el poder a una autoridad federal.